WAR.GOV/UFO: LA TRANSPARENCIA CON LETRA PEQUEÑA

Durante casi una década, el propio Pentágono impulsó el cambio de vocabulario de "UFO" a "UAP" —fenómeno anómalo no identificado— precisamente para despegar el tema del imaginario extraterrestre y tratarlo como un problema aeronáutico serio. Por eso resulta significativo que, al construir el portal de desclasificación más grande de su historia, la administración haya elegido explícitamente la URL war.gov/UFO y no, por ejemplo, war.gov/UAP.

El diseño acompaña esa decisión: fondo negro, tipografía de máquina de escribir, cero adornos. Medios como NBC News notaron el parecido deliberado con el modelo que el Departamento de Justicia usó meses antes para publicar los archivos de Epstein —otro caso en el que un gobierno convirtió una desclasificación masiva en un producto de consumo público, sin necesidad de credenciales ni solicitudes formales.

El comunicado oficial del Pentágono lo resume con una frase que funciona casi como eslogan: los estadounidenses pueden acceder a los archivos desclasificados "instantáneamente", sin autorización de seguridad. Es una promesa de inmediatez que compite, deliberadamente, con la cultura de foros y comunidades OVNI que durante décadas construyó su identidad justamente alrededor de la idea de que el gobierno escondía algo. PURSUE no solo desclasifica: se apropia de la estética y el vocabulario de esa comunidad para presentarse como la fuente definitiva.

PURSUE no es un esfuerzo monolítico. Es un ecosistema interagencial —coordinado, según su propia documentación, entre la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), el Departamento de Energía, el Departamento de Guerra, la NASA, el FBI y componentes de otras agencias de inteligencia— donde cada participante entra en un momento distinto y con un tipo de material distinto.

El documento más citado de la Tanda 03 no es ninguno de los videos de orbes del FBI: es la correspondencia y los informes del Panel Asesor Científico sobre Objetos Voladores No Identificados que la CIA convocó en 1952-53, conocido como el Panel Robertson. Su conclusión central, ya conocida por historiadores del tema pero ahora publicada con menos redacciones, fue que los "platillos voladores" no representaban una amenaza física directa.

Pero el panel sí identificó una amenaza indirecta: que la fascinación pública, alimentada por una prensa sensacionalista, podía saturar los canales de inteligencia, y que lo que llamó una "morbid national psychology" alrededor del tema podía ser explotada por adversarios. Su recomendación fue una política oficial de "debunking" —desacreditación sistemática— para despojar al asunto de su misterio.

Aquí está el vacío estructural más importante de toda la iniciativa: el sector corporativo. Una orden ejecutiva puede instruir al Departamento de Guerra, al FBI, a la CIA o a la NASA para que publiquen lo que exista en sus propios servidores. Lo que esa orden no puede hacer es anular, por decreto, el secreto comercial de una empresa privada.

Cuando el gobierno encarga investigación, custodia o desarrollo de tecnología a contratistas de defensa, esos activos suelen quedar protegidos por dos capas legales independientes de la clasificación gubernamental: la Ley de Secretos Comerciales (18 U.S.C. §1905) y la Excepción 4 de la Ley de Libertad de Información, que blindan la información comercial confidencial entregada a agencias federales. La propia Ley de Libertad de Información, además, simplemente no aplica a corporaciones privadas: solo obliga a entidades gubernamentales.

El mecanismo que sostiene ese blindaje tiene nombre: los Programas de Acceso Especial (SAP, por sus siglas en inglés). Contratar a una empresa privada bajo un SAP implica, entre otros requisitos, que el personal involucrado firme acuerdos de no divulgación aprobados por el propio Departamento de Guerra —los mismos NDAs que, en el terreno corporativo ordinario, protegen desde fórmulas de refrescos hasta algoritmos de software. Analistas legales que siguen el tema coinciden en que, si existiera "tecnología exótica" o componentes físicos recuperados, lo más probable —legalmente hablando— es que no habiten hoy en un servidor del Pentágono, sino bajo patente y custodia privada, fuera del alcance directo de PURSUE.

La directiva del 21 de julio confirma, en la práctica, esta misma distinción. La Casa Blanca instruyó condonar los NDAs que atan a exfuncionarios y excontratistas, pero solo dentro de reuniones autorizadas con personal de AARO o PURSUE, para que puedan hablar sin temor a represalias legales. Es un movimiento real y significativo: durante años, legisladores y denunciantes se quejaron de que testigos con conocimiento directo se negaban a hablar precisamente por miedo a violar esos acuerdos.

Pero un funcionario de la administración fue explícito con Fox News Digital en que la medida no es una directiva de desclasificación: únicamente permite que una persona hable a través de un canal gubernamental autorizado, y cualquier información que aporte pasa después por el proceso normal de revisión y desclasificación. Es decir: la orden abre la puerta a que personas hablen, no a que empresas entreguen materiales, patentes o activos físicos que ya pertenecen contractualmente a su custodia. El secreto comercial corporativo —la capa que describimos arriba— permanece intacto.

Vale una advertencia adicional, más metodológica que narrativa. Buena parte del material sensorial declasificado —radar, infrarrojo de onda corta, video de cabina— proviene de plataformas militares operando en zonas donde la guerra electrónica avanzada es rutina: interferencia de radar, señuelos, enjambres de drones adversarios. Publicar ese material no solo muestra fenómenos sin explicar: también revela, involuntariamente, la resolución, el alcance y la velocidad de respuesta de los sensores estadounidenses a cualquier rival que se tome el trabajo de analizarlo.

La propia documentación de PURSUE ya reconoce esta ambigüedad de forma explícita: entre el material publicado hay casos que los propios analistas evalúan como probablemente mundanos —linternas de cielo, por ejemplo— junto a otros que permanecen sin explicación. "Sin explicar" y "extraterrestre" no son sinónimos, y esa distinción conviene mantenerla al leer cualquier tanda futura.

Ninguna de las cuatro tandas identifica el modelo exacto de sensor o de plataforma —eso es justamente lo que un rival interesado querría inferir cruzando resolución, campo de visión y velocidad de reacción entre varios videos—. Por eso el argumento del principio de esta sección no es hipotético: la ambigüedad deliberada sobre "qué aeronave" es, en sí misma, parte de la gestión de riesgo del propio Departamento de Guerra al publicar este material.

Vale la misma cautela que con los sensores: esto es una organización de datos que la propia administración ya hizo públicos por caso, no un mapa de inteligencia nuevo. Lo que sí revela el patrón, leído en conjunto, es que la exposición geográfica de PURSUE es amplia —Golfo Pérsico, Pacífico occidental y territorio doméstico— y que ningún comando combatiente ha quedado fuera del ejercicio de transparencia, lo cual es, en sí mismo, un dato sobre el alcance real del programa.

PURSUE es, a la vez, un ejercicio genuino de desclasificación y un producto de comunicación política diseñado con enorme deliberación: en su estética, en el orden en que entran las agencias, y en la manera en que empareja lo nuevo con lo histórico. Ninguna de esas dos cosas es incompatible con la otra.

Pero su límite real no lo fija la voluntad presidencial, que hasta ahora ha sido amplia —incluso al punto de anular NDAs de testigos individuales. Lo fija una arquitectura legal previa —contratos de defensa, secreto comercial, Programas de Acceso Especial— que ningún decreto ejecutivo reescribe de un plumazo. Si algún día se habla de una tanda que finalmente aborde lo que hay en manos de contratistas privados —no ya lo que sepan las personas, sino lo que posean las empresas—, ese será, con diferencia, el momento más significativo de todo el proceso: no porque el gobierno lo decida, sino porque para entonces habrá tenido que cambiar la ley, no solo la política.